jueves, 27 de enero de 2011

Los Bancos..- Fin de los abusos Hipotecarios

Es un paso de gigante el que la Audiencia provincial de Navarra, dé por cancelada la deuda, de  una hipoteca concedida sobre un bien al que valoraron en su momento, por un precio superior a su valor real y por ende, resulta hoy inferior, debido a agentes externos y ajenos al solicitante. Esta sentencia viene a determinar que con la dación en pago del bien se cancela la deuda derivada y concedida. Los bancos y cajas, están acostumbrándose a capitalizar los beneficios y socializar las  pérdidas, cuando se encuentran con dificultades financieras  y sus cuentas de resultados están llenas de inmuebles que han ido recogiendo en los últimos años, algunos tienen sus propias sociedades inmobiliarias y otros tienen que absolver las pérdidas ,ahora resultan que muchas de ellas están en situación endémica, por los riesgos excesivos que han asumido, y el Estado, les proporcionará 20.000 millones de euros para su reestructuración y  capitalización con el fin de que se concentren y saneen sus balances, y los 118.000 ciudadanos que están a punto de perder sus viviendas por una situación en la que son ajenos, que no digo que no tengan su parte de culpa, pero las pérdidas deben repartirse de forma proporcional, si el banco o caja, se queda con la casa, debe quedarse también con los bienes y derechos que eses bien lleva, está es la formula, la transmisión de los bienes o la dación del pago debe llevar implícito todas las cargas que el bien tenga en ese momento y siempre que estén relacionadas con el bien. Así, los creadores de esta crisis, asumirían los riesgos que ellos mismos han creado y no los mismos de siempre, que pagan todos los platos rotos de las crisis económicas y los desmanes de la banca. Y vuelvo a insistir que la crisis financiera actual la han creado los bancos y no los Gobiernos. La idea de nacionalizar la banca no es mala, ya que con ello, debe abrir el crédito al consumo y ordenar el sistema bancario, concentrar las ofertas .

JMGS

ECONOMISTA

lunes, 24 de enero de 2011

La Inviolavilidad en el Domicilio:La ejecución de los actos de las Administraciones Públicas

   
El derecho a la inviolabilidad del domicilio le corresponde tanto a las personas físicas como a las personas jurídicas- art.18.2 de la C.E. “El domicilio es inviolable….”, su ámbito extensivo  a las personas jurídicas se hizo patente a partir de la STC 137/1985 al establecer el derecho a la inviolabilidad del domicilio, no solo  lo circunscribe a las personas físicas, siendo pues extensivo o predicable igualmente en cuanto a las personas jurídicas,…. La libertad del domicilio se califica como reflejo directo de la protección acordada en el ordenamiento a la persona, pero no necesariamente a la persona física , desde el momento en que la persona jurídica  viene a colocarse en el lugar del sujeto privado comprendido dentro del área de la tutela constitucional y en todas las hipótesis en el que la instrumentalización del derecho a la libertad no aparezca o sea incompatible con la naturaleza y especialidad  de fines del ente colectivo –STC 64/1998-

Aunque la constitución española no define de una forma expresa el domicilio, hace alusión al mismo a través del art.19 de la C.E  -el derecho a la residencia y a la libre circulación-, podemos a través de este concebir el domicilio como el lugar fijado por una persona como residencia habitual, en virtud de su autonomía de la voluntad y fijado a través de su libertad de circulación. A  efectos de determinar el domicilio es necesaria una característica que es el de la habitualidad,. Sin embargo, el concepto, al que alude, no de forma expresa la constitución, no es el mismo , que el civil, que determina el art.40 del C.C “para el ejercicio de los derechos y el cumplimiento de las obligaciones civiles, el domicilio de las personas naturales es el lugar de residencia habitual, y, en su caso, el que determine la ley de Enjuiciamiento civil”, sin embargo, aquí nos interesa en concepto de domicilio a efectos de su inviolabilidad proclamada por la constitución, en cuanto a su aspecto programatico,la constitución dispone el artículo 18.2 que ,  " El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito .Así, la STC 11.12.1998, determina que en su acepción natural y fundamental  que  “ La inviolabilidad del domicilio, como el resto de los derechos fundamentales y libertades públicas que se consagran en los artículos 14 a 29 de la Constitución, es una significativa expresión de la dignidad del ser humano y del respeto que tal condición exige a los poderes públicos en sus relaciones con el individuo.”, Los derechos fundamentales de las personas, conseguidos por el hombre a través de siglos de sufrimiento, de lucha y de esperanzas frustradas por el egoísmo de otros hombres que encarnaban o representaban al Estado en cualquiera de las denominaciones o formas de organización política que se han ido sucediendo a través de la Historia, diferencia nítidamente al ciudadano del súbdito, al hombre libre de las sociedades democráticas respetuosas del Estado de Derecho del individuo sometido a la arbitrariedad y al abuso propios de los sistemas sociales totalitarios del signo que fueren. Es por ello por lo que los derechos básicos de los seres humanos no sólo deben ser y estar reconocidos en el Ordenamiento Jurídico del Estado, sino que, sobre todo, deben ser observados y respetados por los propios poderes públicos que, además deben protegerlos y defenderlos frente a las propias tendencias estatales de invasión de los ámbitos de libertad del ciudadano, para ampliar y aumentar de esa manera el poder del Estado. Es cierto, sin embargo, que los derechos fundamentales y las libertades públicas proclamados en el Texto Constitucional no tienen naturaleza de absolutos o incondicionales. Tampoco el derecho a la inviolabilidad del domicilio. Porque en ocasiones, deben ceder ante la presencia de valores o intereses superiores en conflicto con aquellos que, en general, representan el bien común y que, por ello, deben prevalecer sobre el interés particular. No obstante, estas excepciones al ejercicio de los derechos fundamentales deben ser establecidas con suma cautela y rigurosamente diseñadas y reguladas a fin de evitar que un exceso de permisividad en la excepción se convierta en patente de corso para invadir e impedir de hecho al ciudadano el ejercicio de los derechos básicos inherentes a su condición de ser humano, que quedarían así reducidos a un simple valor testimonial". El derecho a la inviolabilidad del domicilio ha sido conectado con el derecho a la vida privada o a su parte más esencial: la intimidad personal. –STC 17.02.1984- .Asimismo, “la constitución, protege es la intimidad de la persona humana, la reserva de su vida, la protección de su domicilio, su casa u hogar donde se desarrolla la existencia de los seres humanos, en sentido amplio”. El derecho a la inviolabilidad del domicilio se deriva directamente del derecho al libre desarrollo de la personalidad, art 10.1 CE, por lo que consecuentemente, la protección del domicilio no es sino un aspecto de la protección de la intimidad, que sirve al libre desarrollo de la personalidad., "El derecho a la inviolabilidad del domicilio constituye un auténtico derecho fundamental de la persona, establecido para garantizar el ámbito de privacidad de ésta, dentro del espacio que la propia persona elige y que tiene que caracterizarse precisamente por quedar exento o inmune a las invasiones o agresiones exteriores, de otras personas o de la autoridad pública.... el domicilio inviolable es un espacio en el cual el individuo vive sin estar sujeto Necesariamente a los usos y convenciones sociales y ejerce su libertad más íntima. -STC 05.06.1993-.
    Por ello, a través de este derecho, no sólo es objeto de protección el espacio físico en sí mismo considerado, sino lo que en él hay de emanación de la persona y de esfera privada de ella" –STC 22/1984-, en el mismo sentido se pronuncia la STC 31-05-1999 “La legislación ordinaria no ha concretado de una manera expresa el concepto constitucional de domicilio, como ámbito de intimidad protegible, sin embargo, el art 87.2 de la LOPJ demuestra que el ámbito de intimidad que corresponde al derecho fundamental es más amplio que el de habitación o morada. Esta disposición reconoce la existencia de "domicilios" y de otros "edificios o lugares de acceso dependiente del consentimiento del titular", es decir, que no constituyen morada en sentido estricto.
              Es claro, por lo tanto, que el establecimiento de un ámbito de intimidad Constitucionalmente protegible no está vinculado a la habitación misma, sino al libre desarrollo de la personalidad y, consecuentemente, no necesita estar físicamente vinculado al ámbito espacial en el que el ciudadano habita con cierta permanencia.

De todo ello se deduce que el que alquila un piso goza de la protección constitucional, aunque no habite el lugar de forma permanente, toda vez que el derecho fundamental no se limita a la protección de la habitación o morada, sino a la protección de la intimidad y esta no se reduce al lugar en el que se encuentran el dormitorio, el salón, el despacho o la cocina, como ha señalado la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sino que se extiende a la protección de la vida privada de los ciudadanos en el sentido antes expuesto y prueba clara de ello son, por otra parte los arts. 546 y 547.3 de la LECrim, en los que se establece que los lugares cerrados que no constituyen domicilio, en el sentido de habitación, sólo pueden ser registrados previa autorización judicial".

Este derecho fundamental está sujeto a limitaciones, estableciendo el propio precepto constitucional –art.18.2 de la C.E. , tres casos en los cuales está limitado este derecho: el consentimiento del titular, la resolución judicial y el flagrante delito. Además, la L.O.1/1992, de protección de la seguridad ciudadana, en su art. 21.3 establece otro supuesto de limitación “Será causa legítima suficiente para la entrada en domicilio la necesidad de evitar daños inminentes y graves a las personas y a las cosas, en supuestos de catástrofe, calamidad, ruina inminente u otros semejantes de extrema y urgente necesidad” , Igualmente , existen otras limitaciones, aunque estas justifican la violación del derecho de una forma indirecta, v.gr. las dadas por el art. 577 de la L.Ej.Crim. para el reconocimiento de libros y papeles, o para las entradas para la ejecución forzosa de la administración -art.87 de LOPJ-.en el ámbito competencial, en lo que concerniente a la ejecución forzosa el art.8 de La ley 29/1998, apdo. 5 “atribuye a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo la competencia para conocer de las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración pública, asimismo, en correlación está el art.91.2 de la L.O . 9/1998 de 13.07 “Corresponde también a los Juzgados de lo Contencioso-administrativo autorizar, mediante auto, la entrada en los domicilios y en los restantes edificios o lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la Administración.”

En cuanto a la ejecutividad de los actos administrativos, la Administración goza del privilegio de crear sus derechos mediante decisiones unilaterales y obligatorias para los particulares sin necesidad de acudir a los Tribunales para que tales derechos sean definidos y reconocidos. Muchos actos administrativos producen efectos jurídicos ipso iure Sin embargo, otros actos administrativos exigen ser ejecutados para su efectivo cumplimiento. En estos casos, la Administración también goza de la facultad de hacer efectivo el contenido del acto previamente dictado si no es cumplido voluntariamente por el afectado. Esta potestad, denominada auto tutela ejecutiva, supone una dispensa de la necesidad de impetrar auxilio judicial para que la coacción legítima pueda ponerse en servicio de la ejecución práctica de los derechos de un sujeto, la Administración, contra la voluntad del obligado a su cumplimiento. Esta potestad tiene su reconocimiento tanto en el art. 56 de la LRJPAC donde dice que “los actos de las Administraciones públicas sujetos al derecho administrativo serán ejecutivos con arreglo a lo dispuesto en esta ley”, como en el art. 94, según el cual dichos actos “serán inmediatamente ejecutivos, salvo lo previsto en los artículos 111 -suspensión de la ejecución- y 138 – resoluciones sancionadoras-, y en aquellos casos en que una disposición establezca lo contrario o necesiten aprobación o autorización superior”.
      El Tribunal Constitucional, al referirse al derecho a la «inviolabilidad del domicilio», ha indicado que la protección constitucional del mismo, lo es de carácter instrumental y que defiende «los ámbitos en que se desarrolla la vida privada de una persona», con la imbricación que así existe entre dicha norma que, como se ha dicho, prohíbe la entrada y registro en un domicilio, y la que conlleva la defensa y garantía del ámbito de «privacidad» e «intimidad» -art.18.1 de la C.E- STC de 17.02.1984 , La doctrina del tribunal constitucional entiende como «domicilio» «cualquier lugar cerrado en el que puede transcurrir la vida privada, individual o familiar» STC 24 octubre 1992 , 14 noviembre 1993 y 18 febrero 1994, de entre otras , o lo que es lo mismo, que «sirva de habitáculo o morada a quien en él vive» STC. 16 septiembre 1993 .Al contrario, no integra el concepto de vivienda, el local comercial o de esparcimiento -bares, tabernas, pubs, restaurantes, tiendas, locales de exposición, almacenes-STC de 5 octubre 1992 y de 16 septiembre 1993-, pues no lo son, al estar esencialmente destinados a estar abiertos al público y esto es así porque el derecho fundamental proclamado en el artículo 18.2 de la Constitución, protege como antes se dijo, a la «intimidad» como valor esencialísimo y no la propiedad, por tanto no requiere autorización judicial para la entrada en un local de negocio, dada que la necesidad y proporcionalidad de la entrada resulta acreditada a los efectos de permitir al funcionario el cumplimiento de su misión legal. El Tribunal Constitucional, STC 76/1992, de 14 de mayo- ha negado en general la consideración como domicilio de «los restantes edificios o lugares de acceso, dependiente del consentimiento de sus titulares» a los que el art. 87.2 LOPJ extendía -y hoy hace lo propio artículo 8.6 de la Ley 29/1998-, la necesidad de autorización judicial para su entrada cuando ello sea necesario para la ejecución forzosa de los actos administrativos.
   El artículo 8.6 de la ley 29/1998, en su redacción dada por la ley 15/2007 de 03 de Julio,- Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia según lo dispuesto en esta Ley, de los recursos que se deduzcan frente a los actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o vinculadas a las mismas, excluidas las impugnaciones de cualquier clase de instrumentos de planeamiento urbanístico-. otorga un mecanismo de control al Juez Contencioso-administrativo a los efectos no sólo de preservar el derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio, sino también, y como presupuesto de éste, el derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, erigiéndose en consecuencia dicho mecanismo de control en un auténtico filtro a efectos de evitar comportamientos

arbitrarios de la Administración, cuya interdicción viene proclamada ya por el artículo 9.3 de la C.E. y específicamente a través de la necesidad de que la Administración Pública actúe con sometimiento pleno a la Ley y al derecho, como expresamente preceptúa el artículo 103.1 de la Carta Magna. Con carácter previo, el órgano jurisdiccional actuante, debe hacer un examen de la legalidad, necesidad, proporcionalidad, etc., no se realiza por el Juez a posteriori de las actuaciones administrativas sino con carácter previo: Se trata de encomendar a un órgano jurisdiccional que realice una ponderación previa de intereses, antes de que se proceda a cualquier entrada o registro, y como condición ineludible para realizar éste, en ausencia de consentimiento del titular -STC 160/1991-, La misma doctrina resume el objeto de análisis por el Juez, partiendo de que no puede hacer un examen completo de legalidad

del acto administrativo como haría en un recurso ordinario y de que tampoco puede limitarse a un automatismo formal, en los siguientes puntos que deberá constatar y valorar: a) que el interesado es, efectivamente, el titular del domicilio para cuya entrada se solicita la autorización; b) la necesidad de dicha entrada para la ejecución del acto de la Administración; c) que el acto sea dictado por la autoridad competente; d) que el acto aparezca fundado en Derecho; e) que el acto sea necesario para alcanzar el fin perseguido; f) que no se produzcan más limitaciones que las estrictamente necesarias para la ejecución del acto, y g) la eventual afectación de otros derechos fundamentales y libertades públicas derivada de la ejecutoriedad del acto administrativo.


JMGS
Economista
Estudiante de Derecho


jueves, 20 de enero de 2011

El Impago de la deuda Griega

       Ahora resulta que , despues de haberle prestado a  Grecia para salir de la crisis resulta que no puede devolver al FMI y al BCE y al resto de paises la deuda contraida. con esto nos preguntamos que se ha hecho mal , para que este pais no pueda ni pagar los intereses de la deuda. En la actual situación de crisis economica, si no hay actividad economica que permita un crecimiento y una capacidad de generar ingresos para hacer frente a la deuda, no hemos llegado a ninguna parte, ni bajandole los tipos de interés, seran capaces de salir del atolladero, sólo hay dos opciones, o salen del euro o se restructura su deuda, la primera, es la más gravosa, la segunda, lo que llamamos un default o dejar de pagar la deuda. La Unión Europea debe de ir pensando que estos paises deben perder su soberania economica, para poder sacarlos de la crisis,es decir, intervenirlos, desde Bruselas, dictar los planes economicos para que este pais cumpla sus compromisos, cosa facil de decir , pero dificil de hacer, hay que acelerar los cambios necesarios para que esto no sea una escalada continuada de rescates e impagos que dañen aún más las economias europeas, lo cierto es que francia y Alemania estan tirando del carro fuertemente, se juegan mucho en esta apuesta, y si estos paises son absorbidos economicamente por otros, debe ser así por el bien de todos, para ello, hay que armonizar los sistemas financieros de entre todos los paises con moneda unica, asi como los fiscales, con el fin de que la politica economica , financiera y fiscal sea comun para todos los paises de la Unión.De otro modo, llegaremos a una situación dramatica, dónde los paises se vean avocados a salir del sistema monetario para conseguir remontar sus economicas , a través de una devaluación de su moneda, cosa, que europa, creo que deberia hacer, inyectando liquidez al sistema financiero, para favorecer las exportaciones, encarecer las importaciones y reestablecer la economia actual. 

JMGS
Economista

lunes, 17 de enero de 2011

La Reforma del Estado Autonómico.

                    Era de esperar que tarde o temprano se llegase a plantear el tema del debate sobre la reforma del Estado de las Autonomías, que nos ha aportado de positivo y que nos ha aportado de negativo, de positivo, la descentralización de las funciones del Estado. Y de negativo, primero, duplicidad de costes, funciones, exceso de regulación e intervencionismo, diferentes leyes para cada comunidad autónoma, dentro de un mismo Estado. Es decir, más inconvenientes que ventajas, pero esto, todavía estamos a tiempo de corregirlo, pero para esto no hay que liquidar el actual sistema, sino reducir, simplificar, unificar, acomodar, armonizar y ordenar un compendio de atribuciones en una misma línea de actuación, tanto política y económicamente. Para ello, deben de quedarse, en sólo siete autonomías, 1) Andalucía, Ceuta, Melilla y Extremadura,2) Canarias,3) Castilla La Mancha-Castilla León-Madrid, 4)Murcia y Valencia, 5) Cataluña e Islas Baleares-Aragón,6) Galicia y Asturias, 7) País Vasco, Cantabria y Navarra. Con esto se simplificaría, el Estado autonómico actual, la cámara del senado seria la cámara de representación territorial dónde se defenderían los intereses de las autonomías. Cada autonomía tendría su gobernador autonómico, y sus senadores, auténticos representantes autonómicos, que harían sus funciones en sus territorios, en la cámara de representación autonómica. Y el congreso de los diputados, formado por los representantes de cada provincia. La ley electoral actual desaparecería, en su lugar, un sistema de partidos en el que las fuerzas políticas, sumen y no resten representatividad, dónde los partidos locales, deban agruparse en una formación para tener representación estatal, y nunca puedan condicionar la política del Estado. Con ello, simplificaríamos, todo el coste del aparato estatal actual, habría que hacer una ley de Reforma política de amplio consenso, dónde se trate de acomodar a la estructura constitucional actual, y en un plano de igualdad territorial y con un ámbito competencial igual para cada autonomía. Estaría representada la diversidad de cada territorio, su cultura, lengua, costumbres propias.

JMGS
Economista

 

domingo, 16 de enero de 2011

La Marca,Tutela Juridica

    En la ley de marcas, está prevista las acciones que puede ejercer el titular de la misma para la defensa de sus intereses, -art.40 de la ley de Marcas-, estas acciones pueden ser civiles o penales.

a)En cuanto a las acciones civiles, el titular del derecho de marca que vea lesionado sus intereses podrá pedir : la cesación de los actos que violen su derecho –STS 03-03-2005-, La indemnización por los daños y perjuicios producidos, la adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación de los derechos del titular, v. gr. la retirada, destrucción de los productos y cese de los servicios que estén vinculados con la violación de los derechos a la marca., El embargo de los bienes incautados para responder de las indemnizaciones por los daños producidos al titular de la marca , y la publicación de la sentencia a costa del condenado –art.41.1 en su redacción dada por la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios.

b)Las acciones penales , por cuanto el titular, puede ejercerlas en referencia a la infracciones de los derechos a la propiedad industrial, al amparo del art.274 del C.P.-L.O. 10/1995 “1.-Será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión y multa de 12 a 24 meses el que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, reproduzca, imite, modifique o de cualquier otro modo utilice un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, para distinguir los mismos o similares productos, servicios, actividades o establecimientos para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado. Igualmente, incurrirán en la misma pena los que importen intencionadamente estos productos sin dicho consentimiento, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos de dicho Estado, o con su consentimiento.2. Las mismas penas se impondrán al que, a sabiendas posea para su comercialización, o ponga en el comercio, productos o servicios con signos distintivos que, de acuerdo con el apartado 1 de este artículo, suponen una infracción de los derechos exclusivos del titular de los mismos, aun cuando se trate de productos importados del extranjero, 3. -Será castigado con la misma pena quien, con fines agrarios o comerciales, sin consentimiento del titular de un título de obtención vegetal y con conocimiento de su registro, produzca o reproduzca, acondicione con vistas a la producción o reproducción, ofrezca en venta, venda o comercialice de otra forma, exporte o importe, o posea para cualquiera de los fines mencionados, material vegetal de reproducción o multiplicación de una variedad vegetal protegida conforme a la legislación sobre protección de obtenciones vegetales. y 4. -Será castigado con la misma pena quien realice cualesquiera de los actos descritos en el apartado anterior utilizando, bajo la denominación de una variedad vegetal protegida, material vegetal de reproducción o multiplicación que no pertenezca a tal variedad.

JMGS
Economista

jueves, 13 de enero de 2011

Presupuestos 2011 y presion fiscal.

Cuadro comparativo de distribución del presupuesto de gastos de los años 2010 y 2011

              Desde un punto de vista presupuestario , para el año 2011, por su parte los gastos financieros aumentan un 18% por la evolución de la deuda pública, se elevan a 27.420,94 millones de euros El presupuesto de gastos del Estado para 2011 asciende a 209.283,24 millones de euros, un 11,5% menos que en 2010, , el gasto no financiero para 2011 se sitúa en 122.022,14 millones de euros, las partidas sociales absorben gran parte de este capítulo, destacando la aportación al Servicio de Público de Empleo Estatal de 15.746,10 millones, un 4,2% menos, el complemento de mínimos de pensiones de 2.806,35 millones de euros, un 3,7% más, las pensiones no contributivas por valor de 2.137,58 millones o los gastos para dependencia ,1.482,88 millones, un 5,3% menos. Los gastos de personal representan casi el 13% del presupuesto del Estado y suponen 26.982,31 millones de euros, un 2,1% menos. Los gastos de personal activo supone 15.129,67 millones, caen un 5,2%, mientras que el presupuesto para clases pasivas por 10.061,61 millones, crece un 2,6%.
   Todas estas cifras muestran el cuadro macroeconómico para el ejercicio 2011, la reducción de gastos es patente, por tanto hay menos dinero para asignar al gasto público corriente.
En cuanto a la presión fiscal, mientras que en esta en el 33% , la media de la Unión europea está en el 39,3%. Los impuestos, son más altos de media en la zona euro que en nuestro país. Por ejemplo los impuestos sobre el trabajo, en España es de 30,5% de media, frente al 36,5% de media europea, en los impuestos sobre el consumo, España tiene una media del 14,1%, frente a la media de la zona euro que es del 9,1%, asimismo, los impuestos sobre capital, España tiene una presión fiscal del 32,8%, frente a la de por ejemplo, el reino unido que es del 45,9%.

Si nos vamos a los impuestos, rentas y sociedades, estamos más altos, España tiene un 43% en IRPF, frente al 37,5% de la zona euro, mientras que el impuesto sobre sociedades, España tiene de media un 30% , frente al 23,2% de media de la Unión Europea.

Con estos datos podemos decir que si no elevan los impuestos directos, no habrá más dinero disponible para asignar a gastos sociales y servicios públicos que demanda la socoedad española de la que casi un 80% tiene la sensación de que aporta más que recibe. La reducción del déficit público, en estos momentos es tarea principal, acelerar las reformas estructurales, de forma paralela, ordenar el gasto público, y armonizar las políticas activas de empleo, para reducir la tasa de paro.

Pero, las estadísticas, ofrecen dos aspectos, por un lado, los que creen que reciben menos de lo que dan, y desconocen si pagan más o menos que sus vecinos europeos, y otros que, aceptarían pagar más impuestos si mejorasen los servicios públicos. En cuanto, a que la mitad de los encuestados piensa que no le aporta nada su tributación, es derivado, de la desconfianza actual en la economía, y en la administración. El capitulo, que peor sale parado, es el de justicia, lo cual denota que esta no cuenta con los medios suficientes para poder salir del atolladero actual en la que se encuentra.


JMGS

Economista



lunes, 10 de enero de 2011

La especulación financiera y sus consecuencias

           Hoy nos levantamos,  y vuelta con los especuladores,  a subir nuestra prima riesgo hasta los 270 puntos básicos. La CEE, no reacciona, este efecto, puede tener graves consecuencias para la zona euro, si despues de Portugal, le toca a España, a Belgica, a Italia..........,etc. podrá soportar Europa esto, o esta avocada a la desintegración. Creo que se estan equivocando, pues deben de pensar a medio y largo plazo, y no a corto plazo, no dejar a que ningun pais caiga, esto implicaria  desestabilización a nivel  Europeo, o estamos todos a una o no estamos, con esto quiero decir que ya es hora de cerrar filas, y armonizar las politicas economicas, financieras y fiscales y no dejar que se cuele ningun especulador, a que nos reviente el mercado financiero, para ello, primero, la deuda publica la debe de comprar el BCE, segundo, hay que armonizar la politica economica, para ello, los paises deben de perder su soberania economica, y pasar a depender de un unico organimo europeo la Comisión Economica y Financiera Europea,a su vez, debe articularse un sistema de armonización fiscal progresivo, no podemos tener, una Irlanda cotizando por el Impuesto sobre sociedades al 12% y prestarle a sus bancos 85.000 millones de euros con una España al 25% y en Austria al 40%, debe haber un tipo unico, con escalas progresivas,lo mismo para todos los impuestos, salvo los que gravan el consumo que deben ser iguales en toda Europa, Tipo General al 20%, tipo reducido, al 10%, y tipo superreducido, al 5%,Rentas y sociedades, un tipo armonico, de máximo 40% y mínimo del 20%, y la politica fiscal dirigida desde Europa. Si no se da este salto cuantitativo y cualitativo, estamos abocados a que los ataques especulativos, venga de dónde venga y este el gobierno que este, terminen desintegrando la zona euro.El derrumbe depende de nosotros mismos y de nuestras capacidad como Federación de Naciones para salir de este atolladero en el que estamos, son mas intereses lo que nos une que lo que nos desune.La Unica formula, es que nos gobiernen economicamente desde Europa,recaudaria cada pais, los presupuestos de cada pais se elaborarian en cada pais ,y lo aporbarian el gasto en Europa,según las premisas que den para cada pais el organismo de control europeo que surja.

JMGS
Economista

domingo, 9 de enero de 2011

Revisión del Sistema de Pensiones actual

     
                   Ahora se está hablando en todas las tertulias de la necesidad de retrasar la edad de jubilación hasta los 67 años. En el contexto actual es necesario, pues la esperanza de vida va aumentando a un ritmo superior al crecimiento de la población activa. Pero hay que reformar en igual medida el sistema contributivo  de pensiones actual que se concreta, en la revisión de las pensiones y en el sistema de cálculo de las pensiones futuras. En cuanto al primer aspecto, la revisión de pensiones actual, los que estén aptos para el trabajo, deben de ser devueltos al sistema activo de cotizantes, menores de 60 años, así como viudos y viudas, menores de esa edad y  estén trabajando o con disponibilidad para trabajar, con esto se quitarían un 15% de las pensiones actuales. Es duro este ajuste, pero es necesario para la subsistencia del sistema contributivo. Otro 10%, de clases pasivas, devolver al mercado laboral, o reducir su pensión en un 50%. y que estén aptos para trabajar. La edad de jubilación, aunque se ponga a los 67 años debe ser voluntaria, premiando al cotizante, a partir de los 40 años de cotización, en un 2% por cada año que retrase su jubilación, hasta un máximo de 10 años, siendo su retribución no superior en ningún caso a 2,5 veces El  IPREM., con ello, se garantizaría el sistema contributivo para unos 25 años más. Todo ello, en consonancia con la reforma laboral, prestaciones por desempleo y aumento de la productividad. Por lo que quedaría la edad mínima en 67 años y la máxima en 77 años. En cuanto a las prestaciones contributivas por invalidez, la total debe ser para trabajo habitual, con pensión temporal y de carácter indemnizatorio como la cualificada actual, la absoluta para todo trabajo, incompatible para todo trabajo, así como la Gran Invalidez, las pensiones por viudedad y orfandad deben tener un máximo de 10 años de prestación e incompatible con cualquier otra pensión en el ámbito europeo. El sistema de cálculo de  las pensiones debe ser teniendo en cuenta la vida laboral completa, por tanto la base reguladora, será la suma de todas las cotizaciones de los distintos periodos de cotización y divididos por el nº de meses totales cotizados, con un máximo de 2,5 veces del IPREM.

JMGS
Economista

sábado, 8 de enero de 2011

Año 2011, año de reformas, segunda parte

                         No es fácil articular medidas en el escenario actual para crear empleo, sin embargo, una vez , que la rigidez del mercado de trabajo se haya soltado y devuelto la confianza de los empresarios en la economía , vendrá el empleo. Pero, hay que partir de la siguiente premisa, ya no será las cosas como hasta ahora, derechos y obligaciones para ambas partes tienen que ponerse en la balanza, el carácter tuitivo, no debe desaparecer, pero la contraprestación debe ir articulada, por el deber de trabajar, de rendir y hacer el trabajo conforme lo estipulado, estando sujeta la retribución a la cantidad de trabajo que el trabajador esté dispuesto a hacer a cambio de una retribución digna. Con ello, no queremos decir que desaparezca el derecho al trabajo y a la libre elección de oficio, al contrario, el derecho al trabajo, debe ir correspondido al deber de trabajar conforme lo pactado, la retribución debe ir en consonancia con el trabajo realizado, sobre la cantidad de trabajo, el mercado de trabajo se moverá en el momento en que haya competitividad. Para ello, hay que modificar el régimen salarial actual, que debe entenderse como, derecho a una prestación por unidad de trabajo realizada, no por tiempo. Con este sistema la productividad empresarial se activa, y sólo el trabajador es el que podrá determinar la cantidad de trabajo que está dispuesto a dar para obtener la prestación pactada. Un ejemplo, en una nave de envasado hortofrutícola, la cantidad de género que un grupo de trabajadores es capaz de envasar en el tiempo determinado, el trabajo en grupo, la colectivización del trabajo es el que determinara la competitividad de las empresas. Pero todo lo anteriormente expuesto, se puede llevar a cabo cambiando el modelo productivo, de pasar a una posición pasiva del trabajador y empresario, el primero, dejando pasar el tiempo y el segundo, pendiente de que se haga el trabajo, a una situación, en la que el trabajador debe de integrarse en un grupo de trabajadores, y el empresario debe estar pendiente a la productividad y comercialización del producto.

De continuar con la actitud de que el sistema de creación de empleo se arregla solo, nos llevara a que sean otros los que nos dirijan. Al comprar nuestra deuda externa, nos están absorviendo.

JMGS

Economista

miércoles, 5 de enero de 2011

Prestación por desempleo.-Segunda Parte

Los Beneficiarios de la prestación son todos los incluidos en el RETA, que tengan cubierta la contingencia de desempleo, los trabajadores del sistema especial de trabajadores por cuenta propia agrarios, los del Régimen especial de trabajadores del mar. Asimismo, se incluyen todos los trabajadores de cualquier forma societaria que estén encuadrados en el RETA o RETM y tengan contratada la cobertura de contingencias profesionales. Están excluidos los suscritos a una mutualidad de previsión social de profesionales.


El nacimiento de la prestación será a partir del primer día del segundo mes siguiente a aquel en que se produzca el hecho causante.

Los requisitos para acceder a la prestación son.

Primero.- Estar afiliados, en alta y cubierta la cobertura de contingencias profesionales

Segundo.- Tener un periodo mínimo cubierto de un año dentro de los cuatro últimos años anteriores a la situación de desempleo.

Tercero.- Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromiso de actividad y disponibilidad para la reincorporación al mercado de trabajo a través de la formación.

Cuarto.- No haber cumplido la edad ordinaria para acceder a la pensión contributiva por jubilación. Y

Quinto.- Hallarse al corriente de pago de las cuotas de la seguridad social.

En cuanto a la cuantía de la prestación hay que añadir que el importe está sujeto a unos topes máximos y mínimos en función de las responsabilidades familiares del sujeto desempleado:

Así, el tope máximo para aquellos que no tienen hijos a cargo será del 80% del IPREM, para los que tengan hijos a cargo el 107% del IPREM. Y como tope máximo, y según las circunstancias siguientes, sin hijos a cargo : el 175% del IPREM, con un hijo a cargo el 200% del IMPREM, con dos o más hijos el 225% del IPREM.

Ejemplo para entender mejor lo anterior:

Trabajador autónomo, que cesa de la actividad el 05-01-2011, tiene cubierto un periodo de cotización de 10 años, tiene 55 años, dos hijos a cargo, y una base reguladora de 2000 € al mes.

Primero.- Se dan los requisitos de cotización, si

Segundo.- cuanto tiempo le correspondería como máximo de prestación? 12 meses

Base reguladora: 2000 €

Porcentaje aplicable el 70% durante todo el periodo de disfrute, 1400 €



Cuantía:

Mínimo: con hijos a cargo el 107% del IPREM.- 664,75€

Máximo: con dos hijos a cargo 225% del IPREM.-1397,84 €

IMPREM APLICABLE: el del hecho causante, 2011.-621,26€ al mes

Cobraría todos los meses 1397,84€/mes , con un máximo de 12 meses

      JMGS
Economista

lunes, 3 de enero de 2011

Prestación por desempleo de autónomos. Primera parte.

      Ya está aquí y vigente la ley de protección contra el cese de actividad de los trabajadores autónomos. Los principios por los que se rige la presente normativa son los de: contribuidad, sostenibilidad y solidaridad. Los hechos objetivos que dan lugar a esta situación legal de cese de actividad son:

Primero.- la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir con la actividad económica o profesional.

Segundo.- Por causa de fuerza mayor.

Tercero.- Por pérdida de la licencia administrativa, por causas no imputables al trabajador autónomo solicitante.

Cuarto.- Divorcio o acuerdo de separación matrimonial, mediante resolución judicial expresa, en supuestos de cónyuge que haya ejercido ayuda en el negocio familiar

Quinto.-los trabajadores autónomos económicamente dependientes que cesen por finalización del contrato que tengan suscrito con el cliente del que dependan económicamente.

Los elementos que integran el hecho causante susceptibles de protección son: Haber cesado de la actividad económica, tener voluntad de trabajar y haber dejado de obtener rentas como consecuencia del cese de la actividad.

El sistema de protección comprende una asignación económica, bonificaciones en las cotizaciones, medidas de formación y promoción profesional de la actividad emprendedora.

En cuanto a la asignación económica esta consiste en una prestación del 70% de la media de bases de cotización de los últimos 12 meses continuos y anteriores al hecho causante. La duración de esta prestación está entre los dos meses y un máximo de doce meses , dependiendo del periodo cotizado, y siempre dentro de los 48 meses anteriores al hecho causante, con carácter general , la regla es , un mes de prestación , por cada seis meses de cotización.

JMGS
Economista
Graduado Social

domingo, 2 de enero de 2011

Año 2011, año de reformas,primera parte

                       Este año toca desarrollar todas las medidas anti-crisis que se aprobaron en el pasado año, y que obedecen a un sistema de ajustes necesarios para paliar el deficit publico, crear empleo,  y recuperar la confianza de los mercados, para el primer punto, hay varios aspectos que hay que tener en cuenta, la reforma de la administración pública , autonomica y local, la reforma de las pensiones y la reforma de la ley electoral, asignaciones a partidos politicos y sindicatos. Lel segundo aspecto es  el de crear empleo, hay que dinamizar y flexibilizar el mercado de trabajo,cambiando el modelo productivo y fomentando la negociación colectiva,hay que paliar el deficit de productividad existente, convertir el sistema del mercado de trabajo en un sistema activo y no pasivo,para ello, hay que abolir progresivamente las prestaciones por desempleo, con el sistema que ya he mencionado anteriormente, sistema de empleo público, la prestación es a cambio de trabajos para la comunidad, de todo tipo. con esto, se atacaria de lleno a la economia sumergida que actualmente es la que esta creciendo a niveles de finales de la década anterior.En la misma medida, el régimen fiscal debe ser armonizado a nivel europeo,hay que penalizar la evasión de impuestos, introduciendo un nuevo impuesto, el de transacciones de capital, las salidas de capital  de  europa debe de pagar un impuesto, que lo paga en ultima instancia el sujeto activo de la transacción, lo recaudan , las entidades colaboradoras, los bancos,actuando estos como corresponsables del incumplimiento.Los flujos de efectivo de empresas, particulares deben ser declarados,como relaciones financieras con terceros, origen y destinatario deben de confluir., mediante cruce de datos, para ello, el acuerdo debe ser primero a nivel europeo. Y leña con los paraisos fiscales, que por ahi se esta marchando los grandes defraudadores. los tenemos ahi,cambian el domicilio fiscal por otro, para no declarar lo que realmente perciben, por ejemplo los deportistas de elite., centrarse ahi , que es donde esta la mayor bolsa de fraude fiscal y no en la pyme., cran fundaciones, para introducir el dinero que se gastan en España, y no pagan un duro, sino sólo el que sale de la fundación y el que trabaja para esta, via Renta o sociedades, el grueso está en los paraisos fiscales, y lo de la residencia habitual, todos residen más de 183 dias en  España, vease las ligas de futbol profesional ,de entre otras.
Otro sector , que necesita el ajuste, es el sector público, hay que aprovechar las nuevas tecnologias, y simplificar la administración pública, para ello, hay que reducirla a dos millones, al menos.

JMGS
Economista